México’s security policy es frecuentemente reducido a una única narrativa de fracaso: un estado que, durante décadas, ha sido incapaz de controlar la delincuencia organizada. Esa caracterización omite la verdadera historia.
Durante más de tres décadas, el gobierno mexicano ha desplegado una variedad impresionante de estrategias para combatir al cártel y los grupos criminales, desde operaciones militares masivas hasta reformas policiales, pasando por políticas de prevención social y acuerdos con líderes comunitarios. Sin embargo, la violencia y el poder de estos grupos solo han seguido creciendo, demostrando una resiliencia asombrosa y una capacidad para adaptarse a las respuestas del estado.
Un Legado de Estrategias Fallidas (y Algunas que Funcionaron)
El primer intento, en los años 90, se centró en el combate frontal, con operaciones militares que buscaban derribar a los cárteles en su territorio. Aunque logran desarticular algunas células criminales y reducir la capacidad de producción de drogas, estas operaciones no abordaban la raíz del problema: la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Además, a menudo, la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública generó críticas sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.
A partir de los 2000, se implementaron estrategias como la “Misión Integral Contra la Delincuencia” (MIC), que reunía a diferentes fuerzas de seguridad bajo el mando del Ejército. Si bien mejoró la coordinación y el despliegue de recursos, no logró una solución duradera. La corrupción dentro de las instituciones de seguridad y la falta de reformas estructurales permitieron que la delincuencia organizada siguiera prosperando.
Más recientemente, se han intentado enfoques más complejos que reconocen la naturaleza ramificada del problema. Se han promovido iniciativas de prevención social, buscando abordar las causas subyacentes de la criminalidad, como la falta de educación, empleo y acceso a servicios básicos en zonas marginadas. Se han implementado programas de recompensas por información que, aunque han proporcionado algunos resultados, también han sido criticados por incentivar la entrega de testimonios falsos.
Lo Que México Ha Aprendido (y Lo Que Sigue sin Aprender)
El principal aprendizaje del gobierno mexicano ha sido que la fuerza bruta y las tácticas de confrontación directa no funcionan a largo plazo. La delincuencia organizada se ha adaptado y explotado las lagunas en la seguridad y el Estado de Derecho.
Además, se ha reconocido la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia, incluyendo la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades económicas. Sin embargo, la implementación efectiva de estas medidas ha sido consistentemente obstaculizada por la inestabilidad política, la resistencia de grupos de interés y la falta de voluntad política para tomar decisiones difíciles.
Otro factor crucial que ha quedado patente es la importancia de la confianza entre la policía y la ciudadanía. La percepción de que la policía es corrupta o ineficaz es un catalizador importante para el apoyo a grupos criminales. Reconstruir esa confianza requiere un compromiso genuino con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.
En definitiva, el caso de México demuestra que combatir la delincuencia organizada es un problema complejo que requiere un enfoque multifacético, basado en la evidencia, la innovación y, sobre todo, un compromiso sostenido con la justicia y el Estado de Derecho. La lección fundamental, que a menudo se omite, es que la solución no reside en una sola estrategia, sino en un cambio sistémico profundo y constante.
Fuente: https://www.mexicodecoded.com/p/mexico-has-tried-everything-to-stop